Hay una forma de violencia de la que todavía hablamos poco: aquella que puede continuar dentro de las instituciones.

Una mujer puede haber terminado una relación violenta, haber salido de su casa, haber denunciado las agresiones y haber intentado reconstruir su vida. Puede pensar que, al alejarse del agresor, comenzará finalmente una etapa distinta. Pero en algunos casos ocurre lo contrario: el conflicto llega a los juzgados.

Aparecen demandas, denuncias, amparos, procedimientos de custodia, acusaciones y recursos legales que pueden prolongarse durante meses o años. Lo que desde fuera puede parecer simplemente un conflicto entre dos personas que están separándose puede convertirse, para una mujer, en una nueva forma de control. No todos los procedimientos judiciales existen en el vacío y, en determinados casos de violencia vicaria, el sistema legal puede ser utilizado como una herramienta para continuar ejerciendo poder, particularmente cuando esos procedimientos tienen como efecto separarla de sus hijas e hijos, limitar la convivencia con ellos o evadir responsabilidades.

El 1 de julio de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso particularmente importante al reconocer esta problemática en el Amparo Directo en Revisión 2798/2025, proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf. La Corte reconoció que, en determinados casos, algunos padres utilizan de manera abusiva el sistema judicial mediante denuncias, demandas o amparos destinados a separar a una madre de sus hijas e hijos o a evadir obligaciones. A partir de este caso, estableció parámetros para que las personas juzgadoras eviten que los procesos legales sean utilizados como mecanismos de agresión o control y, al mismo tiempo, protejan los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Este reconocimiento es importante porque permite nombrar algo que muchas mujeres hemos experimentado: la violencia no siempre termina cuando termina la relación. Puede cambiar de escenario. Primero estuvo dentro de la casa y después puede trasladarse al juzgado. Y cuando esto ocurre, el lenguaje también cambia. Ya no hablamos solamente de insultos, amenazas o control económico. Aparecen términos jurídicos como custodia, convivencia, patria potestad, medidas cautelares, denuncias, amparos, peritajes y audiencias. La violencia puede esconderse detrás de un expediente.

Una de las dificultades más grandes es que las instituciones suelen recibir fragmentos de una historia. Una denuncia, una demanda, una acusación, un incumplimiento, una solicitud de convivencia o un nuevo procedimiento pueden parecer hechos independientes cuando se observan por separado. Pero una mujer puede estar viviendo todos esos procedimientos como parte de una misma dinámica de control. Por eso es indispensable mirar el contexto: qué ocurrió durante la relación, si existieron formas de violencia, qué sucedió cuando intentó terminarla, cómo reaccionó el agresor cuando intentó recuperar su autonomía y qué ocurrió después de la separación.

Estas preguntas no buscan impedir el acceso a la justicia ni cuestionar el derecho de una persona a acudir ante los tribunales. Buscan identificar cuándo el propio sistema puede estar siendo instrumentalizado para prolongar una relación de poder.

Esta idea resulta particularmente importante porque estamos acostumbradas a identificar la violencia únicamente cuando podemos verla. Pensamos en una agresión física, una amenaza, un insulto o una sustracción. Sin embargo, existen formas de violencia que pueden desarrollarse a través de procedimientos y estrategias legales. Un agresor puede presentar acciones de manera reiterada, generar procesos que obliguen a la otra parte a responder constantemente, utilizar acusaciones para cuestionar su capacidad como madre, intentar modificar las condiciones de convivencia o buscar que sus hijas e hijos permanezcan separados de ella.

Cada procedimiento, considerado aisladamente, puede parecer legítimo. El problema aparece cuando observamos el conjunto. El abuso no necesariamente está en la existencia de un procedimiento, sino en su utilización como mecanismo de control, desgaste o separación.

Las instituciones tienen una responsabilidad fundamental. Cuando una mujer llega a un juzgado después de haber vivido violencia, no debería encontrarse con un sistema incapaz de reconocer el contexto en el que se encuentra. El proceso judicial no puede analizar únicamente el último acontecimiento y olvidar todo lo que ocurrió antes. La historia importa, la relación de poder importa y los antecedentes importan. También importa observar qué ocurre después de que intenta recuperar su autonomía.

La propia Suprema Corte ha desarrollado criterios que exigen analizar las situaciones de violencia desde una perspectiva contextual, identificando relaciones de poder y evitando que los estereotipos de género influyan en la valoración de las pruebas.

Hay algo que quizá no aparece en un expediente: el desgaste. Una mujer puede pasar años asistiendo a audiencias, contestando demandas, reuniendo documentos, buscando abogados, explicando una y otra vez lo que ocurrió, respondiendo acusaciones y tratando de demostrar que sus decisiones como madre no representan una amenaza para sus hijos. Mientras tanto, su vida continúa. Tiene que trabajar, pagar abogados, cuidar, sostener su vida cotidiana y, en algunos casos, intentar mantener el vínculo con sus hijos mientras enfrenta procedimientos que pueden prolongarse durante años.

El sistema de justicia puede terminar convirtiéndose en una presencia permanente en su vida.

Por eso, hablar del uso abusivo del sistema legal no significa cuestionar la importancia de los tribunales. Significa recordar para qué existen. La justicia debería ser un espacio de protección, no una extensión de la violencia.

Cuando una mujer llega a una institución, no llega solamente con una carpeta. Llega con una historia. Y esa historia puede comenzar mucho antes del primer documento que aparece en el expediente.

Por eso el reciente pronunciamiento de la Suprema Corte resulta tan relevante. Porque obliga a mirar una posibilidad que durante mucho tiempo fue difícil de nombrar: que el sistema legal también puede ser utilizado como una herramienta para continuar una violencia que comenzó en otro lugar.

La pregunta, entonces, no debería ser únicamente qué dice el expediente, sino qué está ocurriendo detrás de él. ¿Se está buscando justicia o se está utilizando la justicia para mantener el control? La diferencia puede ser difícil de identificar, pero para nosotras, las mujeres que llevamos años intentando recuperar nuestra libertad, puede significarlo todo.

Porque la violencia vicaria no solamente puede utilizar a nuestras hijas e hijos para causarnos daño. En algunos casos, también puede encontrar en el sistema legal una nueva vía para continuar ejerciendo poder.

Y cuando eso sucede, la justicia tiene que ser capaz de reconocerlo.

Porque una institución que no mira el contexto puede terminar reproduciendo aquello que debería impedir.