El 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza fue asesinada. Tenía 20 años y era estudiante de Arquitectura. Tenía amistades, afectos, ideas, proyectos y una vida que apenas comenzaba a desplegarse. Era una joven que quería vivir, estudiar, construir su futuro y tomar sus propias decisiones. Sin embargo, su vida terminó a manos de Ángel González Ramos, un hombre con quien había mantenido una relación desde la preparatoria y que se caracterizaba por sus celos, su insistencia, sus conductas absorbentes y su necesidad de controlarla. Liliana quería separarse y continuar con su vida. Había tomado la decisión de dejar atrás aquella relación y hacer planes para su futuro, pero Ángel no aceptó la ruptura. Para él, la decisión de Liliana no parecía ser suficiente. Su voluntad de terminar la relación se convirtió en algo que el agresor no estuvo dispuesto a tolerar.

La madrugada del 16 de julio de 1990, Ángel González Ramos ingresó al lugar donde vivía Liliana, en la calle de Mimosas, en Azcapotzalco, Ciudad de México. De acuerdo con la reconstrucción del caso y el acta de defunción citada en la prensa, Liliana murió por asfixia por sofocación. Detrás de aquella muerte había una relación marcada por conductas de control y por la resistencia de un hombre a aceptar la decisión de una mujer de terminar una relación. Porque hay una diferencia enorme entre amar a alguien y pretender decidir sobre su vida; entre compartir un proyecto y considerar que la otra persona nos pertenece.

Más de tres décadas después, el 12 de septiembre de 2023, Ana María Serrano Céspedes fue asesinada. Tenía 18 años, era una joven colombiana que vivía en México y estudiaba Medicina. Su feminicida fue su expareja, Alan Gil, con quien había mantenido una relación de noviazgo. De acuerdo con las investigaciones y los testimonios de su madre, Ana María había experimentado violencia psicológica y conductas de control durante la relación. Cuando decidió terminarla, la situación se agravó. Su decisión de separarse no fue respetada y el hombre que había sido su pareja terminó arrebatándole la vida en su propia casa, en el fraccionamiento Condado de Sayavedra, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Alan acudió al domicilio de Ana María y la asesinó. Posteriormente, intentó presentar su muerte como un suicidio, según la reconstrucción de los hechos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México determinó que Ana María murió por asfixia mecánica causada por la compresión del cuello. Su madre ha hablado públicamente sobre las señales de violencia que, al mirar retrospectivamente la relación de su hija, pudo reconocer. Su testimonio también ha permitido visibilizar una realidad dolorosa: muchas veces, las conductas de control se presentan como celos, preocupación o demostraciones de amor, hasta que la violencia deja de poder ocultarse detrás de esas palabras.

Uno de los elementos más reveladores del caso fue una carta escrita por Alan, en la que reconocía haber sido tóxico, haber querido controlarlo todo y haber causado daño a Ana María. En el texto, el propio agresor relacionaba sus celos con el deterioro de la relación y expresaba su deseo de casarse con ella y tener hijos, pese a reconocer que la había lastimado. La carta permite observar una contradicción frecuente en las relaciones violentas: un hombre puede hablar de amor, protección y futuro compartido mientras reconoce comportamientos que limitan la libertad de su pareja. Puede imaginar una vida junto a una mujer y, al mismo tiempo, negarle el derecho a decidir si quiere compartirla con él.

El 3 de mayo de 2017, Lesvy Berlín Rivera Osorio, de 22 años, fue encontrada sin vida en Ciudad Universitaria, en las inmediaciones del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Su cuerpo estaba junto a una cabina telefónica y el cable del auricular se encontraba alrededor de su cuello. Su muerte fue inicialmente presentada por las autoridades como un suicidio. Su entonces pareja, Jorge Luis González Hernández, se encontraba con ella durante la madrugada de los hechos.

La respuesta institucional estuvo marcada por graves irregularidades. Inicialmente, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México sostuvo que Lesvy se había suicidado y procesó a su pareja por homicidio por omisión, bajo la hipótesis de que no había impedido su muerte. Además, desde las cuentas oficiales de la institución se difundieron mensajes que exponían aspectos de su vida personal y contribuían a estigmatizarla. En lugar de concentrar los esfuerzos en esclarecer la muerte violenta de una joven, se puso en cuestión su conducta, sus decisiones y su vida privada. Una vez más, la atención se desplazó de los hechos y del posible responsable hacia la mujer que ya no podía defenderse.

Araceli Osorio, su madre, se negó a aceptar la versión oficial. Junto con organizaciones feministas y personas que acompañaron a la familia, exigió que se revisaran las pruebas y que el caso se investigara con perspectiva de género. Los peritajes independientes y las pruebas presentadas durante el proceso permitieron cuestionar la hipótesis inicial del suicidio. La investigación acreditó que Jorge Luis González Hernández había ejercido violencia contra Lesvy y la había estrangulado. En octubre de 2017, el delito fue reclasificado como feminicidio agravado y, en octubre de 2019, Jorge Luis fue declarado culpable del feminicidio de Lesvy.

Hablo de estos tres casos porque se convirtieron en emblemáticos y porque permiten reconocer una constante que atraviesa distintas generaciones: hombres que no aceptan la autonomía de las mujeres, que interpretan una separación como una afrenta y que convierten el rechazo en una justificación para ejercer violencia. Sin embargo, estas historias no son excepciones ni hechos aislados. En México, durante 2024 fueron asesinadas de manera violenta alrededor de nueve mujeres al día, al sumar las víctimas de feminicidio y homicidio doloso. En 2025, el promedio fue de aproximadamente ocho mujeres diariamente. De ellas, cerca de dos al día fueron víctimas de feminicidio, de acuerdo con los registros oficiales. 

La disminución de los registros no significa que la violencia haya desaparecido. Tampoco permite asegurar que todas las muertes violentas de mujeres estén siendo investigadas y clasificadas correctamente. Detrás de cada cifra hay una historia, una familia, una vida interrumpida y, muchas veces, una exigencia de justicia que se prolonga durante años. No podemos permitir que la reducción estadística se convierta en una razón para bajar la guardia ni para olvidar que cada muerte representa una mujer a quien le arrebataron el derecho a seguir viviendo.

Por otro lado, el feminicidio no comienza cuando una mujer deja de respirar. Comienza mucho antes, cuando alguien cree que tiene derecho a decidir por ella: cómo debe vestirse, a quién puede amar, cuándo debe volver a casa, qué palabras puede pronunciar y hasta qué parte de sí misma está dispuesta a sacrificar para evitar la violencia. Comienza cuando un hombre considera que su pareja debe rendirle cuentas, que sus decisiones necesitan su aprobación y que su libertad puede convertirse en una amenaza para la relación. Comienza cuando la autonomía de una mujer deja de ser reconocida como un derecho y empieza a ser interpretada como una provocación.

Comienza cuando los celos se disfrazan de amor, cuando el control se confunde con cuidado, cuando las amenazas se convierten en una costumbre y el miedo empieza a organizar la vida cotidiana. Comienza cuando una mujer aprende a medir sus palabras, a modificar sus horarios, a abandonar actividades, a alejarse de sus amistades y a renunciar a pequeñas parcelas de libertad para evitar un conflicto. Poco a poco, su mundo se reduce a los límites que impone el agresor. Lo que desde fuera puede parecer una relación de pareja se convierte, para ella, en un espacio donde cada decisión tiene consecuencias y donde la tranquilidad depende de anticipar el estado de ánimo de un hombre.

Pero hay algo más de lo que quiero hablar: del momento en que el feminicida coloca las manos en el cuello de una mujer y aprieta. Hay algo aterrador en la sencillez de ese gesto. Dos manos que podrían acariciar, sostener o proteger se convierten en instrumentos para arrebatarle la vida. No necesita un arma para ejercer esa violencia. Utiliza su propio cuerpo, la fuerza que impone sobre el de ella y la decisión de no detenerse. En ese instante, el cuerpo de una mujer queda sometido a una violencia que busca silenciarla de la manera más definitiva.

La asfixia manual es una de las formas en que se ejerce violencia letal contra las mujeres. En ese acto, el cuello se convierte en el lugar donde la violencia se hace visible, donde el cuerpo de una mujer queda sometido a la voluntad de quien pretende dominarlo. No es solamente un mecanismo físico ni un dato que deba quedar reducido a un informe forense. En el contexto de la violencia de género, puede representar la expresión extrema de una relación de poder en la que el agresor actúa como si tuviera autoridad sobre la existencia de otra persona. La compresión del cuello es, además, una forma de agresión especialmente peligrosa, capaz de provocar lesiones graves e incluso consecuencias mortales, aun cuando no deje marcas evidentes.

El feminicida no siempre es un desconocido que aparece en un callejón oscuro. A veces es el hombre que comparte su cama, que conoce sus horarios, que sabe cómo se llama su madre y cuáles son sus miedos. Es quien ha tenido acceso a su intimidad, quien conoce los rincones de su casa y quien, en ocasiones, ha anunciado su violencia mucho antes de ejercerla de manera letal. Puede haber amenazas, golpes, humillaciones, vigilancia, celos y control. Puede haber episodios previos en los que la mujer creyó que el peligro había terminado porque él pidió perdón, prometió cambiar o juró que nunca volvería a suceder. También puede haber personas alrededor que conocen algunas de estas conductas, pero que las interpretan como problemas de pareja, conflictos privados o simples manifestaciones de celos.

Por eso es necesario hablar de la asfixia manual sin convertirla en una escena morbosa ni reducirla a un detalle de la investigación forense. Detrás de ese acto hay una agresión ejercida por una persona contra otra, una imposición violenta sobre el cuerpo y una voluntad de someter. Y aunque no toda agresión de este tipo termina en muerte, la compresión del cuello constituye una señal de peligro que nunca debe minimizarse. No es necesario que existan lesiones visibles para que el daño sea grave, ni que una mujer haya perdido el conocimiento para reconocer que su vida pudo estar en riesgo.

Hay algo que nuestra sociedad necesita comprender: poner las manos en el cuello de una mujer no es una discusión que se salió de control, no es una prueba de amor, no es un exceso de celos ni un episodio que pueda justificarse diciendo que el hombre perdió la cabeza. Es violencia. Es una agresión que pone en riesgo la vida y que debe tomarse con toda la seriedad que merece. Cuando esa violencia termina con la vida de una mujer por razones de género, estamos ante un feminicidio que debe investigarse con perspectiva de género, sin prejuicios y sin trasladar la responsabilidad a la víctima.

Porque una mujer no muere debido a que no supo elegir las palabras adecuadas, o porque decidió quedarse, o porque regresó, o porque confió, o porque no pudo escapar. Ninguna de esas circunstancias convierte a una mujer en responsable de la violencia que recibe. La responsabilidad recae en quien la ejerce. Y la responsabilidad institucional consiste en investigar, prevenir, proteger y actuar antes de que las amenazas se conviertan en una despedida.

Escribir sobre los hombres que matan también significa negarnos a representarlos únicamente como monstruos incomprensibles, ajenos a nuestra sociedad. No porque debamos suavizar su responsabilidad ni buscar justificaciones para sus actos, sino porque llamarlos monstruos puede resultar demasiado fácil: los coloca fuera de nosotros y nos evita examinar la cultura que normaliza el control, que confunde masculinidad con dominio, que enseña a algunos hombres a interpretar el rechazo como una ofensa y la autonomía de las mujeres como una provocación. El feminicida no aparece de la nada. Es un hombre que actúa dentro de una sociedad en la que todavía existen ideas, prácticas y discursos que justifican la subordinación de las mujeres.

No todos los hombres ejercen violencia, ni la cultura determina inevitablemente que alguien se convierta en agresor. Pero sí tenemos que cuestionar las ideas que justifican el control, desmontar las conductas que lo normalizan y reconocer las señales de peligro antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos dejar de llamar amor a lo que es posesión, dejar de llamar protección a lo que es vigilancia y dejar de considerar los celos una demostración de afecto. También necesitamos dejar de exigirles a las mujeres que encuentren la manera correcta de abandonar una relación violenta y comenzar a exigir que los hombres dejen de ejercer violencia y que las instituciones cumplan con su obligación de protegerlas.

Porque cuando un hombre coloca las manos en el cuello de una mujer y decide no detenerse, no estamos ante una historia de amor que terminó mal. Estamos ante una forma extrema de violencia cuyo responsable debe rendir cuentas. No hay ruptura amorosa, decepción, celos ni sentimiento de abandono que pueda justificar el asesinato de una mujer.

Las manos que aprietan un cuello no cuentan una historia de pasión. Cuentan una historia de poder, de violencia y de una vida que alguien creyó tener derecho a destruir. Y nuestra obligación, como sociedad, es impedir que esa historia termine convertida en otra cifra, en otro expediente olvidado, en otro nombre que una madre tenga que pronunciar frente a una institución para exigir que la muerte de su hija importe. Porque detrás de cada feminicidio hubo una mujer que tenía planes, deseos, afectos y un futuro. Una mujer cuya vida no le pertenecía a su agresor. Una mujer que tenía derecho a irse, a decir que no, a comenzar de nuevo y, sobre todo, a seguir viviendo.

Y así como existen hombres que matan a las mujeres cuando deciden terminar una relación, también existen hombres que, incapaces de aceptar que una mujer haya decidido divorciarse, separarse o escapar de la violencia, utilizan a sus propios hijos para castigarla. No siempre necesitan poner las manos en su cuello para intentar destruir su vida. A veces utilizan aquello que saben que una madre ama profundamente: sus hijas e hijos. Los convierten en instrumentos de amenaza, chantaje y control; los alejan de ella, manipulan sus afectos, obstaculizan el vínculo materno y utilizan los procesos judiciales para prolongar el sometimiento que ya no pudieron ejercer dentro de la relación. Es otra expresión de la violencia machista: la violencia vicaria. El castigo por haberse atrevido a irse, por haber dicho basta, por haber elegido vivir sin el hombre que la violentaba. Porque hay agresores que no aceptan perder el control sobre una mujer y, cuando ya no pueden controlar su cuerpo, su casa o sus decisiones, buscan controlar su maternidad. Pretenden que el precio de su libertad sea perder a sus hijos. Y entonces la violencia continúa, aunque la relación haya terminado, aunque exista un divorcio y aunque ella haya logrado salir de aquella casa. Porque para algunos agresores la separación no representa el final de la violencia, sino el comienzo de otra forma de ejercerla. Esos también, son hombre que matan.