En abril de 1977, un grupo de mujeres llegó a la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, buscando a sus hijos e hijas desaparecidos durante la dictadura argentina. Eran mujeres que habían recorrido hospitales, iglesias, cuarteles, oficinas públicas y juzgados tratando de encontrar respuestas; habían preguntado por sus hijos, habían presentado denuncias, habían buscado funcionarios y habían tocado puertas que una y otra vez permanecían cerradas. No llegaron a aquella plaza como una organización política, ni como un movimiento social que tuviera detrás una estructura, recursos o una estrategia definida. Llegaron como madres. Como mujeres que necesitaban saber dónde estaban sus hijos. Y cuando la policía les ordenó que circularan porque no podían permanecer reunidas, comenzaron a caminar alrededor de la plaza. Aquella orden, que pretendía dispersarlas, terminó produciendo una de las imágenes más poderosas de la historia de los movimientos de madres: mujeres caminando juntas, haciendo visible una ausencia que el poder quería mantener oculta. Lo que comenzó como la búsqueda individual de cada una de ellas terminó convirtiéndose en una lucha colectiva por la verdad, la memoria y la justicia. Las Madres de Plaza de Mayo habían comprendido que buscar solas podía condenarlas al silencio, pero que caminar juntas hacía imposible que sus hijos desaparecidos fueran convertidos simplemente en nombres que el tiempo terminaría borrando.

El trabajo que realizaron aquellas mujeres pertenece a la historia, pero su significado permanece. Ellas hicieron algo que parecía imposible: transformaron un dolor privado en una causa pública y consiguieron que la desaparición de sus hijos dejara de ser solamente la tragedia de cada familia para convertirse en una exigencia colectiva. Se organizaron, denunciaron, caminaron, investigaron, resistieron y ocuparon el espacio público en un momento en que hacerlo implicaba enfrentarse a un régimen que pretendía imponer el silencio. Su lucha fue creciendo con los años y terminó trascendiendo sus propias historias. Hoy, cuando miramos hacia atrás, podemos reconocer la dimensión histórica de aquello que hicieron, pero quizá entonces ellas no sabían hasta dónde llegaría su voz. Eran madres buscando a sus hijos y terminaron convirtiéndose en símbolo de una lucha mucho más grande. Esa es una de las grandes enseñanzas que dejaron: los movimientos sociales no siempre nacen de grandes estructuras; a veces nacen de una mujer que se niega a aceptar que la ausencia de su hijo sea ignorada y encuentra a otra mujer que tampoco está dispuesta a callar.

Décadas después, en México, otras mujeres comenzaron a recorrer un camino que, aunque surgió en un contexto completamente distinto y no puede equipararse históricamente con el de las Madres de Plaza de Mayo, compartió con aquella experiencia una raíz profundamente humana: la necesidad de defender y recuperar a los hijos y la negativa a aceptar que aquello que estaban viviendo fuera tratado como un asunto privado. A partir de 2021, mujeres que hasta entonces habían llevado vidas alejadas de los espacios políticos y legislativos comenzaron a reunirse porque descubrieron que sus historias tenían demasiadas coincidencias. Eran madres comunes, muchas de ellas amas de casa, mujeres que jamás habían imaginado que tendrían que aprender de leyes, procedimientos judiciales, derechos humanos o mecanismos institucionales para defender a sus hijos. No habían elegido convertirse en activistas. No habían planeado formar colectivas ni acudir a congresos. Pero sus circunstancias las obligaron a hacerlo. Sus hijos habían sido utilizados para lastimarlas, controlarlas, castigarlas o destruirlas emocionalmente, y aquello que inicialmente parecía una tragedia individual comenzó a revelar un patrón que se repetía en muchas otras familias.

Entonces comenzaron a encontrarse. Y al encontrarse comenzaron a reconocerse. Una madre escuchaba la historia de otra y descubría que aquello que estaba viviendo no era una experiencia aislada. Había otras mujeres que habían sido separadas de sus hijos, otras que enfrentaban obstáculos para convivir con ellos, otras que denunciaban que los procedimientos familiares se habían convertido en escenarios de una violencia que continuaba después de la separación. Había madres que llevaban meses o años intentando recuperar a sus hijos y que se enfrentaban a una estructura institucional que muchas veces parecía no comprender que detrás de un expediente existía una relación materna que estaba siendo destruida. Fue entonces cuando aquellas mujeres comenzaron a nombrar lo que estaba ocurriendo: violencia vicaria. Y nombrar esa violencia fue fundamental, porque mientras una situación permanece sin nombre resulta mucho más fácil reducirla a un conflicto familiar, a una disputa de pareja o a un desacuerdo sobre la custodia. Al darle un nombre, las madres pudieron comenzar a explicar que no estaban hablando simplemente de una separación difícil, sino de una forma específica de violencia en la que los hijos eran utilizados como instrumentos para dañar a sus madres.

Después vino un proceso de organización que cambió la conversación pública en México. Aquellas mujeres investigaron, se documentaron, buscaron asesoría, crearon colectivas y redes de apoyo, participaron en foros, acudieron a instituciones y comenzaron a tocar las puertas de las Secretarías de las Mujeres para contar lo que estaban viviendo. Llevaron sus historias a espacios donde antes no eran escuchadas y explicaron una y otra vez que aquello que estaba ocurriendo no podía seguir considerándose un asunto exclusivamente privado. Algunas aprendieron a hablar frente a los medios, otras comenzaron a acercarse a legisladoras y legisladores, otras estudiaron las leyes y los procedimientos, otras acompañaron a nuevas madres que llegaban con el mismo desconcierto con el que ellas habían llegado tiempo atrás. Cada una aportó desde su propia trinchera y, poco a poco, las historias individuales comenzaron a formar una narrativa colectiva. Lo que al principio eran mujeres buscando desesperadamente una respuesta para sus propios casos terminó convirtiéndose en un movimiento que consiguió colocar la violencia vicaria dentro de la discusión pública y legislativa del país.

Ese trabajo produjo avances importantes. La violencia vicaria comenzó a ser reconocida jurídicamente y se incorporó progresivamente a distintas legislaciones estatales y al marco federal, incluyendo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y disposiciones relacionadas con los ámbitos civil, familiar y penal. El propio Gobierno de México ha reconocido los avances legislativos alcanzados en esta materia. Pero detrás de esas reformas existió un trabajo que no aparece completo en los textos legislativos: las horas de reuniones, las historias contadas una y otra vez, las investigaciones, las marchas, las conversaciones, las redes de apoyo, las mujeres que acompañaron a otras mujeres y la insistencia de quienes se negaron a aceptar que aquello que estaban viviendo siguiera siendo invisible. Antes de que la violencia vicaria apareciera en una ley, tuvo que existir una mujer dispuesta a decir que eso que estaba viviendo era violencia. Antes de que un Congreso discutiera una reforma, hubo madres que tuvieron que explicar por qué utilizar a los hijos para dañar a una mujer no podía seguir siendo tratado simplemente como un conflicto entre adultos.

Pero esa parte de la historia ya pasó. Las madres hicieron ese trabajo. Consiguieron algo que durante mucho tiempo parecía lejano: que la violencia vicaria tuviera un nombre, que fuera reconocida como una forma de violencia y que comenzara a tener un lugar dentro del marco jurídico. Y precisamente por eso es necesario hablar ahora de la otra parte de la historia, de la que todavía no termina. Porque conseguir una legislación es una cosa y conseguir que esa legislación se convierta en realidad es otra completamente distinta. Una ley puede reconocer que una conducta constituye violencia, pero una madre puede continuar sin recuperar a sus hijos. Un código puede establecer mecanismos de protección, pero una mujer puede seguir esperando una resolución. Una reforma puede ser publicada en un diario oficial, pero la vida cotidiana de una familia puede permanecer exactamente igual. La distancia entre lo que dice la ley y lo que ocurre en un juzgado, en una institución o en la vida de una madre puede ser enorme, y esa distancia es precisamente el lugar donde hoy continúa una parte fundamental de esta lucha.

Porque las madres que participaron en la construcción de este movimiento no dejaron de ser madres cuando se aprobaron las reformas. No dejaron de esperar. No dejaron de buscar. No dejaron de acudir a los tribunales. No dejaron de presentar escritos, asistir a audiencias, solicitar convivencias, pedir que se respetaran sus derechos o intentar recuperar a sus hijos. Para muchas, la legislación representó una conquista importante, pero no significó el final de su historia. Sus hijos seguían lejos. Los procesos seguían abiertos. Las decisiones seguían tardando. Las convivencias seguían sin cumplirse en algunos casos. Y mientras las leyes comenzaban a reconocer aquello que ellas habían denunciado durante años, muchas de esas mismas mujeres continuaban viviendo las consecuencias de una violencia que el papel ya podía nombrar, pero que la realidad todavía no había conseguido detener.

Ahí está una de las contradicciones más dolorosas de este movimiento: algunas de las mujeres que ayudaron a conseguir que la violencia vicaria fuera reconocida jurídicamente todavía están luchando por recuperar a sus propios hijos. Ellas hicieron visible el problema, ayudaron a construir el lenguaje con el que hoy podemos hablar de esta violencia y contribuyeron a que llegara hasta las leyes, pero sus vidas no se transformaron automáticamente el día en que una reforma fue aprobada. Porque una ley no devuelve por sí sola a un niño a los brazos de su madre. Una reforma no borra los años de ausencia. Un artículo dentro de un código no obliga mágicamente a que todas las instituciones actúen con la misma rapidez y sensibilidad. Una definición jurídica no repara una infancia que ya transcurrió mientras una madre esperaba una resolución. Y esa es una realidad que no podemos perder de vista cuando hablamos de los avances que se han conseguido.

Por eso es importante celebrar las conquistas sin confundirlas con el final de la lucha. Sería injusto negar los avances que se lograron gracias al trabajo de tantas mujeres, pero también sería un error pensar que porque una violencia está reconocida en la legislación el problema está resuelto. La existencia de una ley es un paso fundamental, pero la justicia se mide también por lo que sucede después de que esa ley entra en vigor. Se mide en las decisiones de las autoridades, en la manera en que se interpretan las normas, en la capacidad de las instituciones para identificar la violencia, en la protección efectiva de niñas y niños y, sobre todo, en la posibilidad real de que una madre pueda recuperar a sus hijos cuando estos han sido utilizados como instrumentos de violencia. Porque para una madre que lleva años sin abrazar a su hijo, la verdadera victoria no está únicamente en saber que su caso ahora tiene un nombre jurídico. Está en volver a tenerlo frente a ella.

Muchas madres continúan hoy en esa espera. Y esa espera no puede convertirse en una nota al pie de los avances legislativos. No podemos decir que el problema está solucionado mientras existan mujeres que, a pesar de contar con un marco jurídico que reconoce la violencia vicaria, siguen sin recuperar a sus hijos. No podemos mirar únicamente las reformas y dejar de mirar las historias que continúan abiertas. No podemos confundir el reconocimiento de un derecho con el ejercicio efectivo de ese derecho. La existencia de una norma es indispensable, pero la verdadera transformación ocurre cuando esa norma llega a la vida de las personas y cambia sus circunstancias. Mientras eso no suceda, habrá una brecha que debemos seguir señalando.

Las madres protectoras ya hicieron mucho. Tuvieron que organizarse cuando todavía no existía una respuesta clara. Tuvieron que explicar aquello que estaban viviendo cuando muchas instituciones no sabían cómo nombrarlo. Tuvieron que construir redes cuando se sentían solas. Tuvieron que aprender un lenguaje jurídico que no conocían. Tuvieron que acudir a espacios donde nunca habían imaginado estar. Tuvieron que contar sus historias, incluso cuando hacerlo significaba volver a revivir el dolor. Y consiguieron que la violencia vicaria dejara de ser invisible. Ese trabajo merece ser reconocido porque cambió la conversación y contribuyó a cambiar las leyes. Pero ahora no podemos pedirles que hagan solas el trabajo que corresponde a las instituciones. Una vez que la sociedad y el Estado reconocen una violencia, también adquieren la responsabilidad de hacer que ese reconocimiento tenga consecuencias reales.

La lucha actual, entonces, ya no consiste únicamente en demostrar que la violencia vicaria existe. Eso ya fue demostrado. Tampoco consiste solamente en conseguir que sea reconocida jurídicamente. Ese paso ya se dio y ha producido avances importantes. La lucha de muchas madres hoy es mucho más concreta y dolorosa: recuperar a sus hijos, conseguir que se respeten las resoluciones, que las convivencias se cumplan, que las instituciones actúen con perspectiva de género y de infancia, que los procedimientos no se conviertan en mecanismos interminables de desgaste y que los niños dejen de ser utilizados como instrumentos de violencia. Es una lucha que tiene nombre, que tiene leyes y que tiene antecedentes, pero que todavía necesita convertirse en una realidad cotidiana.

Y esa realidad no puede depender únicamente de las madres. No puede ser responsabilidad exclusiva de las mujeres que ya han sido víctimas. La sociedad también tiene un papel. Tenemos que seguir hablando de esta violencia para impedir que vuelva a esconderse detrás de expresiones como “problemas de pareja” o “conflictos familiares”. Tenemos que entender que cuando una mujer denuncia que sus hijos están siendo utilizados para dañarla, no estamos frente a un asunto privado que pueda resolverse con indiferencia. Estamos frente a una situación que puede afectar profundamente a una madre y a sus hijos y que, por lo tanto, requiere una respuesta institucional seria y una sociedad capaz de reconocerla.

Cada una de nosotras puede contribuir desde su propia trinchera. Algunas lo harán desde el derecho, otras desde la investigación, el periodismo, la academia o la política; algunas desde las colectivas y las redes de apoyo, otras desde sus propias plataformas, sus escritos, sus conversaciones o simplemente desde la decisión de no guardar silencio. No todas tenemos que hacer lo mismo, pero todas podemos contribuir a que una madre no vuelva a sentirse completamente sola frente a una realidad que ya sabemos que existe. Podemos compartir información, acompañar, escuchar, visibilizar, exigir que las leyes se cumplan y recordar que detrás de cada expediente existe una historia humana que no puede reducirse a un número o a una disputa entre dos adultos.

La historia de las Madres de Plaza de Mayo nos mostró lo que puede suceder cuando unas mujeres deciden caminar juntas frente a un poder que pretendía hacerlas desaparecer en el silencio. La historia de las madres protectoras mexicanas nos mostró, décadas después, que mujeres comunes también podían organizarse, construir redes, visibilizar una violencia y conseguir que una realidad que parecía exclusivamente privada llegara hasta las leyes. Son historias diferentes, nacidas en contextos distintos y separadas por décadas, pero ambas dejaron una enseñanza que permanece: una madre que deja de luchar sola puede convertir su dolor en una causa capaz de transformar a una sociedad.

Hoy las madres protectoras siguen luchando por sus hijos. Y esa diferencia importa. El movimiento consiguió avances, consiguió reconocimiento, consiguió legislación, consiguió que la violencia vicaria fuera nombrada y discutida públicamente. Pero muchas madres todavía no han recuperado a sus hijos. Por eso no podemos cerrar esta historia diciendo que la lucha terminó. La parte legislativa avanzó; la parte humana todavía está abierta. Hay madres que continúan esperando una resolución, una convivencia, un reencuentro. Hay madres que siguen caminando hacia los juzgados. Hay madres que todavía guardan fotografías de sus hijos y cuentan los días desde la última vez que pudieron abrazarlos. Hay niños que siguen creciendo lejos de sus madres mientras los adultos y las instituciones intentan resolver aquello que nunca debió convertirse en una herramienta de violencia.

Por eso hoy necesitamos mirar más allá de las leyes y preguntarnos por la realidad. Necesitamos reconocer lo que se consiguió, pero también señalar aquello que todavía falta. Necesitamos entender que una reforma legislativa es un comienzo y no necesariamente el final. Que reconocer una violencia no significa haberla erradicado. Que escribir una protección en un código no garantiza que una mujer la reciba en la vida cotidiana. Y que la verdadera medida de cualquier avance será el día en que una madre que hoy lucha por recuperar a sus hijos pueda finalmente volver a abrazarlos.

Las madres protectoras ya hicieron su parte de la historia. Ellas hablaron cuando nadie hablaba, se organizaron cuando estaban solas, tocaron puertas cuando no sabían quién podía abrirlas y consiguieron que una violencia que durante mucho tiempo permaneció escondida tuviera un nombre y un lugar en la legislación. Ahora corresponde a las instituciones hacer que ese reconocimiento funcione. Y corresponde a la sociedad no permitir que esas conquistas se conviertan simplemente en palabras escritas en un código mientras las madres continúan esperando.

Porque una cosa es que la violencia vicaria esté reconocida por la ley y otra muy distinta es que una madre pueda volver a casa con sus hijos.

Entre esas dos cosas existe una distancia que todavía tenemos que recorrer.

Y mientras haya una madre que siga esperando, la historia no habrá terminado.