Hay una violencia que ocurre a plena luz del día y, sin embargo, permanece invisible. Una mujer llega a un Ministerio Público con la voz quebrada, con documentos, mensajes, fotografías, denuncias, resoluciones, con todo aquello que ha conseguido reunir para demostrar que sus hijos están siendo utilizados para lastimarla. Explica que fueron sustraídos, retenidos, alejados de ella; explica que existe una historia de violencia, que hay amenazas, manipulación, control, que sus hijos están en medio de una disputa que nunca debió convertirse en una batalla por su propia existencia. Y, después de hablar, tiene que esperar. Esperar una respuesta, una llamada, una audiencia, una resolución. Esperar mientras el tiempo pasa y sus hijos siguen lejos. Esperar mientras el agresor aprende que el tiempo también puede convertirse en un arma. Y alguien, detrás de un escritorio, puede decirle que tenga paciencia, que no exagere, que quizá los niños están mejor con su padre, que se trata de un asunto familiar, que debe buscar un acuerdo. Como si aquello fuera un desacuerdo entre dos adultos y no una estrategia de violencia. Como si los hijos fueran objetos que pueden utilizarse para castigar a una mujer. Como si la ausencia de una respuesta no tuviera consecuencias. Pero las tiene. Y muchas veces son devastadoras.

La violencia vicaria no se sostiene únicamente por la voluntad del agresor. También encuentra terreno fértil en la indiferencia de quienes observan, en la lentitud de quienes tienen la obligación de actuar, en la burocracia que convierte el dolor en un expediente, en las instituciones que no reconocen los patrones de violencia, en los Ministerios Públicos que minimizan, en los jueces que reducen una historia de violencia a un conflicto familiar y en las familias que prefieren guardar silencio antes que incomodar al agresor. Porque la violencia vicaria no ocurre en el vacío. Ocurre dentro de una sociedad que muchas veces sabe que algo está pasando y, aun así, decide no mirar demasiado. Ocurre cuando una madre pide ayuda y recibe preguntas que parecen interrogatorios contra ella: dónde estaba, por qué permitió que se los llevara, por qué no denunció antes, por qué dejó que los niños estuvieran con él, por qué no llegó a un acuerdo, por qué sigue luchando. Casi nunca la primera pregunta es qué le hicieron. Casi nunca se empieza por mirar al agresor y preguntarse qué está haciendo con sus hijos y por qué los está utilizando para destruir a su madre.

A las mujeres víctimas de violencia vicaria se les exige una conducta perfecta para concederles el derecho a ser consideradas víctimas. Tienen que haber denunciado a tiempo, haber tomado las decisiones correctas, haber conservado cada mensaje, cada documento, cada evidencia, haber protegido a sus hijos de cada posible riesgo, haber reaccionado de la manera adecuada, haber mantenido la calma mientras su vida se derrumba. Se espera que sean madres impecables en medio del caos, mujeres serenas mientras alguien utiliza aquello que más aman para hacerlas sufrir. Y cuando no cumplen con ese estándar imposible, la sociedad encuentra rápidamente una explicación para responsabilizarlas. Quizá exagera. Quizá está resentida. Quizá quiere quitarle los hijos al padre. Quizá no sabe soltar. Quizá es una disputa de pareja. Quizá ambos tienen la culpa. Así, poco a poco, la violencia cambia de lugar. El agresor deja de ocupar el centro de la escena y la víctima termina sentada frente al banquillo de los cuestionamientos, intentando demostrar que merece ser escuchada.

La indolencia de las instituciones es todavía más dolorosa porque quienes llegan a ellas no lo hacen buscando compasión. Llegan buscando justicia. Llegan porque ya no pudieron resolver solas aquello que las estaba destruyendo. Llegan porque alguien las amenazó, porque sus hijos fueron separados de ellas, porque existe un patrón de violencia que ya no pueden contener, porque necesitan que el Estado haga aquello que ellas no pueden hacer por sí mismas: proteger. Y, sin embargo, muchas veces encuentran puertas, ventanillas, turnos, expedientes y funcionarios que parecen haber olvidado que detrás de cada denuncia existe una persona. Una mujer que quizá lleva noches sin dormir. Una madre que quizá no sabe dónde están sus hijos. Una persona que ha llegado hasta ahí después de años de miedo. Para quien recibe el expediente puede ser un número más; para quien lo presenta puede ser la diferencia entre volver a abrazar a sus hijos o continuar viviendo una ausencia que no eligió.

Hay algo profundamente cruel en pedirle paciencia a una mujer cuyos hijos están siendo utilizados para lastimarla. Porque mientras una institución espera, el agresor puede seguir actuando. Mientras una denuncia permanece detenida, la violencia no se detiene. Mientras una audiencia se aplaza, un niño puede seguir siendo alejado de su madre. Mientras una autoridad decide si aquello es suficientemente grave, una familia puede continuar desintegrándose. El tiempo no es neutral cuando existe violencia. El tiempo puede favorecer al agresor, consolidar una separación, normalizar una ausencia, deteriorar los vínculos y hacer que aquello que comenzó como una medida temporal termine convirtiéndose en una nueva realidad. Por eso la omisión institucional no puede considerarse simplemente una falla administrativa. Cuando una autoridad conoce una situación de violencia y no responde con la diligencia necesaria, su inacción tiene consecuencias humanas.

Y luego están los tribunales, ese lugar al que una madre llega con la esperanza de que finalmente alguien vea lo que ella lleva meses o años intentando explicar. Pero una historia de violencia no siempre cabe en un expediente. El miedo de un niño no siempre aparece en una hoja. La manipulación no siempre deja una marca visible. El control puede esconderse detrás de una apariencia de normalidad. La violencia puede presentarse disfrazada de preocupación, de derechos, de desacuerdos, de supuesta protección. El agresor puede aparecer como un padre interesado, mientras la madre aparece como una mujer desesperada que insiste, que reclama, que no acepta la separación. Y cuando el sistema observa únicamente los acontecimientos aislados y no el patrón, corre el riesgo de no ver la violencia que los conecta. Una denuncia parece una denuncia. Una amenaza parece una amenaza. Una discusión parece una discusión. Una sustracción parece un conflicto de custodia. Pero cuando todas esas piezas forman parte de una misma estrategia para controlar, castigar y destruir a una mujer a través de sus hijos, ya no estamos frente a hechos aislados. Estamos frente a violencia.

También existe una forma de indolencia que duele de una manera distinta: la de la familia. Porque no siempre el silencio viene de una institución. A veces viene de quienes conocen nuestra historia desde antes de que existiera un expediente. De quienes vieron los cambios, escucharon los gritos, supieron del miedo, presenciaron el desgaste y, aun así, eligieron no involucrarse. Hay familias que dicen que son problemas de pareja, que no quieren meterse, que hay que pensar en los niños, que seguramente los dos tienen responsabilidad, que quizá ella debería tranquilizarse. Hay familias que prefieren conservar una falsa paz antes que enfrentarse al agresor. Hay quienes creen que mantenerse neutrales es una forma de no hacer daño, sin entender que cuando existe violencia la neutralidad no coloca a todos en el mismo lugar: deja sola a la persona que está siendo violentada. A veces una mujer no necesita que su familia tenga respuestas. Necesita que le crean. Necesita que alguien le diga que lo que está viviendo no es normal. Necesita que alguien se siente a su lado cuando ya no puede más. Necesita saber que, aunque el mundo institucional parezca cerrado, existe al menos una persona que no va a cuestionar su dolor.

La indolencia suele parecer ausencia de acción, pero sus consecuencias son concretas. Es una denuncia que no avanza. Una medida que nunca llega. Una audiencia que se posterga. Un expediente que permanece detenido. Una llamada que nadie devuelve. Una autoridad que dice que no puede hacer nada. Un familiar que decide no involucrarse. Un juez que no mira el contexto. Un niño que deja de ver a su madre. Una madre que aprende a dormir con un vacío en el pecho. Una familia que se acostumbra a la ausencia. Una infancia que queda atrapada en una guerra que no le pertenece. La indolencia no es simplemente falta de sensibilidad. Produce consecuencias. Y cuando esas consecuencias recaen sobre una mujer y sus hijos, cuando contribuyen a prolongar una separación o permiten que el agresor conserve el control, debemos tener el valor de nombrarla.

Durante demasiado tiempo hemos construido discursos alrededor de las mujeres que sobreviven. Hablamos de mujeres fuertes, mujeres valientes, mujeres que luchan, mujeres que no se rinden. Admiramos su resistencia, pero pocas veces nos preguntamos por qué tuvieron que resistir tanto. Celebramos que sigan de pie, pero no cuestionamos cuántas veces tuvieron que levantarse porque nadie llegó a levantarlas. Les pedimos que sean incansables mientras enfrentan abogados, juzgados, ministerios públicos, trámites, audiencias, pérdidas económicas, desgaste emocional y, además, intentan seguir siendo madres mientras sus hijos son utilizados en su contra. No necesitamos mujeres cada vez más resistentes. Necesitamos sistemas que no les exijan resistir hasta romperse. Necesitamos instituciones que actúen antes de que la violencia se vuelva irreversible. Necesitamos funcionarios que comprendan que detrás de cada expediente hay una vida. Necesitamos jueces capaces de mirar más allá de los documentos y comprender el contexto. Necesitamos familias que dejen de confundir silencio con prudencia y neutralidad con justicia. Necesitamos una sociedad que deje de preguntar a las víctimas por qué no hicieron más y empiece a preguntarse qué hicimos nosotros cuando supimos que estaban siendo violentadas.

Porque la violencia vicaria necesita al agresor, pero muchas veces también necesita silencio. Necesita incredulidad. Necesita burocracia. Necesita indiferencia. Necesita que alguien diga que no es para tanto. Necesita que alguien piense que ya se arreglarán. Necesita que una autoridad crea que puede esperar. Necesita que un juez no vea el contexto. Necesita que una familia proteja las apariencias. Necesita que la sociedad mire hacia otro lado. Y por eso hablar de indolencia no significa repartir culpas de manera indiscriminada. Significa reconocer responsabilidades. El agresor es quien ejerce la violencia y debe responder por ella. Pero quienes tienen la obligación de prevenir, investigar, juzgar y proteger también tienen responsabilidades que no pueden esconderse detrás de la indiferencia, la burocracia o la falta de voluntad.

La violencia vicaria no ocurre solamente en el momento en que un agresor utiliza a los hijos para destruir a su madre. También ocurre cada vez que alguien que podría intervenir decide no hacerlo. Cada vez que una señal de alarma es minimizada. Cada vez que una denuncia es tratada como exageración. Cada vez que una madre es obligada a esperar mientras sus hijos permanecen lejos. Cada vez que una familia prefiere callar. Cada vez que una institución llega tarde. Cada vez que un sistema confunde violencia con conflicto y termina colocando a víctima y agresor en el mismo lugar. Porque no hacer nada frente a la violencia no significa permanecer al margen de ella. A veces significa permitir que continúe.

Y quizá ha llegado el momento de dejar de preguntar solamente cuánto daño puede hacer un agresor y comenzar a preguntarnos cuánto daño puede producir una sociedad que lo deja actuar. Porque hay violencias que tienen rostro, nombre y apellido, pero hay otras que se esconden detrás de un escritorio, de una resolución, de una puerta cerrada, de una llamada que nunca fue devuelta, de una familia que decidió no meterse. Hay silencios que también lastiman. Hay esperas que también destruyen. Hay omisiones que también dejan heridas. Y hay indiferencias que, aunque no lleven nuestro nombre, terminan formando parte de la historia de una violencia que pudo haberse detenido.