El 21 de noviembre de 2022, cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las colectivas y activistas que luchábamos por visibilizar la violencia vicaria estuvimos en la Jefatura de Gobierno junto a ella, durante la presentación de una iniciativa para reconocer y atender esta forma de violencia. Para quienes llevábamos años exigiendo que dejara de ser considerada un conflicto de pareja, aquel momento representó una señal de esperanza: nuestras voces comenzaban a encontrar un lugar en los espacios donde se toman las decisiones. Allí estábamos las mujeres que habíamos vivido la separación de nuestros hijos en contextos de violencia y quienes acompañábamos sus historias, unidas por una exigencia común: que el Estado reconociera la violencia vicaria como una forma de violencia de género y asumiera su responsabilidad frente a ella.

Durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum impulsó acciones como la Alerta por Violencia contra las Mujeres, el fortalecimiento de los servicios de atención a víctimas y las Abogadas de las Mujeres. Estas medidas contribuyeron a colocar las violencias contra las mujeres en la agenda pública y a abrir espacios institucionales para atenderlas. Para las colectivas que llevábamos años exigiendo que nuestras experiencias fueran escuchadas, el reconocimiento público de estas demandas significó un avance importante.

Desde que asumió la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum ha dado continuidad a una agenda centrada en los derechos de las mujeres. Me siento orgullosa de tener una presidenta preparada, que conoce las necesidades de las mujeres y ha colocado la igualdad y el derecho a una vida libre de violencia entre los asuntos prioritarios de su gobierno. Valoro que haya reconocido la urgencia de atender estas violencias y que las experiencias de las madres víctimas de violencia vicaria y de las activistas que las acompañamos formen parte de la conversación pública. Reconocer estos avances no significa renunciar a la crítica; significa entender que la voluntad política es necesaria, pero que sus resultados también deben evaluarse.

En el ámbito federal, su gobierno ha impulsado reformas constitucionales y legales relacionadas con la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, además de crear la Secretaría de las Mujeres y promover medidas para fortalecer la respuesta institucional frente a distintas formas de violencia, incluido el feminicidio. Estas acciones recogen demandas históricas del movimiento de mujeres y representan pasos relevantes. Sin embargo, transformar las leyes y las instituciones es apenas una parte del camino: la otra consiste en garantizar que esos cambios se traduzcan en protección y justicia para quienes denuncian.

¿Qué ocurre con las mujeres que, después de denunciar la violencia y buscar protección institucional, se encuentran con un sistema de justicia que no responde oportunamente? Mientras se anuncian reformas y se amplía el reconocimiento de nuestros derechos, miles de mujeres siguen enfrentando obstáculos para que sus denuncias sean investigadas, las agresiones se analicen en su contexto y las medidas de protección se apliquen de manera efectiva. Hay investigaciones que no avanzan, procedimientos que se prolongan y autoridades que minimizan la violencia o la interpretan como un simple conflicto familiar. En los casos de violencia vicaria, esa demora tiene consecuencias concretas: la separación prolongada de madres e hijos, el deterioro de los vínculos familiares y la incertidumbre de niñas, niños y adolescentes que necesitan protección.

Por eso, no basta con reconocer la existencia de la violencia vicaria si, en la práctica, las denuncias continúan reduciéndose a disputas entre exparejas, las medidas de protección no llegan a tiempo o las resoluciones judiciales ignoran el contexto de violencia. Una ley puede establecer derechos y obligaciones, pero no garantiza por sí misma que las autoridades los cumplan. Cuando las investigaciones permanecen detenidas y las decisiones judiciales no consideran las circunstancias que atraviesan las víctimas, la distancia entre el reconocimiento legal y la justicia efectiva se vuelve una forma más de desprotección.

Aunque reconozco las acciones impulsadas por Claudia Sheinbaum, muchas madres protectoras seguimos sin experimentar un cambio sustancial en nuestros procesos judiciales. Continuamos esperando que las investigaciones avancen y que acudir a las instituciones deje de convertirse en una nueva fuente de desgaste para quienes ya han vivido situaciones de violencia. No se trata de atribuir a una sola persona todas las fallas del sistema ni de ignorar las competencias de las fiscalías y del Poder Judicial. Se trata de exigir que los compromisos asumidos desde el poder se traduzcan en respuestas concretas y que ninguna transformación se considere completa mientras las mujeres sigan esperando que sus derechos sean reconocidos también en los hechos.

Ahora es a las personas titulares del Poder Judicial y de las fiscalías, tanto de la Fiscalía General de la República como de las fiscalías generales de cada estado, a quienes les corresponde asumir compromisos firmes para transformar la impartición y procuración de justicia. Si desde el Ejecutivo se han impulsado acciones para reconocer los derechos de las mujeres y combatir las violencias que enfrentamos, el siguiente paso indispensable es que esos avances encuentren una respuesta efectiva tanto en las investigaciones ministeriales como en los tribunales. Necesitamos fiscalías que investiguen con diligencia y perspectiva de género, que dejen de reducir la violencia vicaria a conflictos entre exparejas y que reconozcan el contexto de violencia en el que ocurren estos hechos. Necesitamos también un Poder Judicial que garantice que las denuncias sean analizadas en su contexto, que los derechos de niñas y niños sean protegidos y que las resoluciones se emitan sin dilaciones injustificadas. No basta con que nuestros derechos estén reconocidos en las leyes: necesitamos que quienes tienen la responsabilidad de investigar los delitos y procurar e impartir justicia asuman la suya y hagan posible que las mujeres podamos ejercerlos en la realidad.

Durante años, las mujeres que luchamos contra la violencia vicaria hemos convertido nuestras experiencias en testimonios, nuestras denuncias en exigencias y nuestro dolor en una causa colectiva. Hemos trabajado para que lo que antes se silenciaba hoy pueda nombrarse, comprenderse y discutirse públicamente. Pero llegar a los espacios de decisión no puede ser el punto final de esta lucha. La verdadera transformación comienza cuando el reconocimiento público modifica las condiciones de vida de las víctimas, cuando las instituciones dejan de reproducir la violencia y cuando buscar justicia no significa exponerse a años de incertidumbre.

Por eso, el balance de las políticas públicas debe ir más allá de las reformas aprobadas o de los compromisos anunciados. También debe preguntarse cuántas mujeres han recibido protección efectiva, cuántas investigaciones han avanzado, cuántas niñas y niños tienen garantizados sus derechos y cuántas madres han encontrado justicia. No son preguntas que busquen descalificar a un gobierno, sino establecer una medida indispensable de su eficacia: la capacidad de responder a las necesidades reales de quienes acuden al Estado para proteger su vida, su libertad y sus familias.

Me alegra que la violencia contra las mujeres ocupe un lugar relevante en la agenda pública y que las demandas de tantas colectivas hayan llegado a los espacios de poder. Pero el reconocimiento político, por sí solo, no repara el daño ni resuelve los expedientes pendientes. Mientras haya madres protectoras que sigan esperando justicia, investigaciones que no avancen y niñas y niños cuyos derechos permanezcan sin garantías efectivas, la transformación seguirá incompleta.

La deuda pendiente no consiste únicamente en crear más leyes o anunciar nuevas medidas, sino en lograr que el Estado responda cuando una mujer denuncia, que las instituciones actúen con perspectiva de género y que la justicia llegue sin demoras que profundicen el daño. Porque una política contra la violencia no se mide solamente por lo que promete, sino por lo que consigue cambiar en la vida de quienes necesitan protección. Y para las madres que todavía esperan recuperar a sus hijos y obtener justicia, esa diferencia no es retórica: es la distancia entre tener un derecho escrito y poder ejercerlo en la realidad.