El pasado 3 de agosto, durante el 196º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nuestras compañeras lograron llevar hasta este espacio internacional la situación y el impacto de la violencia vicaria en México. Así se realizó la audiencia “Situación e impacto de la violencia vicaria”, un espacio que representa un paso importante para visibilizar una forma de violencia que durante años ha sido minimizada, negada o reducida a un simple conflicto familiar.

Que esta audiencia haya sido posible no es un hecho menor. Es resultado del trabajo, la insistencia y la organización de mujeres que han decidido llevar esta problemática más allá de las fronteras de nuestro país y colocarla en la agenda internacional de derechos humanos.

Por eso, antes de cualquier crítica, quiero reconocer a las compañeras que hicieron posible esta audiencia. Gracias por abrir este espacio, por llevar nuestras voces hasta la CIDH y por sostener una lucha que sabemos que no ha sido sencilla.

La audiencia reunió a organizaciones de la sociedad civil y al Estado mexicano para hablar de una violencia que durante años fue negada, minimizada o reducida a un conflicto familiar: la violencia que un hombre ejerce contra una mujer utilizando a sus hijas, hijos u otras personas significativas para ella como instrumentos de daño, control y castigo.

Las organizaciones expusieron algo que muchas mujeres conocemos demasiado bien: la violencia no termina necesariamente cuando una mujer logra separarse de su agresor.

A veces cambia de forma.

El golpe puede convertirse en una denuncia.

La amenaza puede convertirse en un juicio.

El control puede convertirse en una disputa por la custodia.

La manipulación de los hijos puede convertirse en una batalla judicial.

Y el sistema de justicia puede terminar convertido en una extensión de la violencia.

Ese fue uno de los puntos centrales señalados ante la CIDH: la preocupación por la utilización del sistema judicial como mecanismo de persecución contra mujeres en contextos de violencia vicaria.

Frente a ello, el Estado mexicano habló de avances.

Habló de institucionalidad.

Habló de normas.

Habló de servicios.

Habló de orientación jurídica gratuita.

Habló de mecanismos de atención y de las acciones que se han desarrollado para atender a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

Y sí: es importante que existan leyes.

Es importante que existan instituciones.

Es importante que la violencia vicaria sea reconocida jurídicamente.

Es importante que el Estado diga que está actuando.

Pero hay una pregunta que no podemos dejar fuera:

¿Qué pasa cuando una mujer sale de una audiencia internacional y regresa a un Ministerio Público donde quien recibe su denuncia no sabe qué es la violencia vicaria?

¿Qué pasa cuando llega a un juzgado y su historia es reducida a “un conflicto entre los padres”?

¿Qué pasa cuando las conductas del agresor se interpretan de manera aislada y no como parte de un patrón de violencia?

¿Qué pasa cuando una mujer intenta explicar que sus hijos están siendo utilizados para continuar ejerciendo control sobre ella y la respuesta es que se trata de un asunto de custodia?

Ahí está la distancia que todavía existe entre el discurso institucional y la realidad.

Porque una cosa es reconocer la violencia vicaria en una ley.

Otra muy distinta es que una jueza, un juez, una persona agente del Ministerio Público, una persona perita, una trabajadora social o cualquier servidor público que intervenga en el caso tenga las herramientas necesarias para identificarla y actuar en consecuencia.

El problema no termina con la publicación de una reforma.

En muchos sentidos, ahí comienza otro desafío: lograr que quienes tienen la responsabilidad de aplicarla comprendan realmente la violencia que la ley pretende prevenir y sancionar.

Porque las leyes necesitan personas capaces de aplicarlas.

Y cuando quienes tienen que aplicarlas no comprenden la dinámica de la violencia, la mujer vuelve a quedar sola frente al sistema.

No basta con que exista la palabra “vicaria” en una legislación.

Hay que saber reconocerla.

Hay que saber investigarla.

Hay que saber documentarla.

Hay que saber diferenciarla de un conflicto familiar.

Hay que entender que una disputa por la custodia no necesariamente es una simple disputa entre dos personas que se separaron.

Hay que mirar el contexto.

La historia previa de violencia.

Las amenazas.

El control económico.

El aislamiento.

La manipulación de las hijas y los hijos.

El incumplimiento deliberado de obligaciones.

Las denuncias utilizadas como mecanismo de intimidación.

La sustracción o retención de niñas y niños.

Y aquí hay una realidad que no podemos perder de vista: hay niñas y niños que fueron sustraídos de sus madres y que, a pesar del paso del tiempo y de los procedimientos iniciados, todavía no han regresado con ellas.

Para esas madres, la violencia no es un concepto jurídico.

Es despertar cada día sin sus hijos.

Es no saber cuándo volverán a abrazarlos.

Es acudir una y otra vez a las instituciones esperando una respuesta.

Es vivir con la incertidumbre mientras el tiempo de la infancia sigue avanzando.

Y mientras una madre espera, sus hijos también crecen.

Por eso, cuando hablamos de violencia vicaria, no podemos quedarnos únicamente en la existencia de una ley o en el reconocimiento de una conducta.

Tenemos que preguntarnos qué está ocurriendo con esas niñas y esos niños que siguen separados de sus madres.

Qué medidas se están tomando para garantizar su protección.

Qué investigaciones se están realizando.

Qué decisiones se están adoptando.

Y cuánto tiempo tiene que esperar una familia para volver a estar reunida.

Porque el tiempo también importa.

Cada día que pasa sin una respuesta efectiva puede profundizar el daño.

La utilización de los procedimientos judiciales para mantener el vínculo de poder no puede convertirse en una estrategia que permita prolongar indefinidamente la separación entre una madre y sus hijos.

Y, sobre todo, la sustracción de niñas y niños no debería convertirse en una situación que el sistema termine normalizando por el simple hecho de que el proceso judicial se prolongue.

La justicia tardía, en estos casos, no es una justicia neutral.

También tiene consecuencias.

Y esas consecuencias las viven las madres y, sobre todo, las niñas y los niños.

Hay que entender, además, que la violencia vicaria no puede analizarse únicamente desde el expediente.

Porque detrás de cada expediente hay una historia.

Y detrás de cada historia hay una mujer que muchas veces lleva años intentando explicar lo que está ocurriendo.

Una mujer que llega agotada.

Una mujer que ya tuvo que demostrar que fue violentada.

Una mujer que tuvo que explicar por qué se fue.

Por qué denunció.

Por qué sus hijos tienen miedo.

Por qué ciertas conductas del padre no son simples desacuerdos de crianza.

Por qué una convivencia aparentemente “normal” puede ser utilizada para continuar ejerciendo violencia.

Y muchas veces, además de explicar todo eso, tiene que enfrentarse a la sospecha.

A la duda.

Al cuestionamiento.

A la revictimización.

A la idea de que exagera.

De que está manipulando a sus hijos.

De que no quiere permitir la convivencia.

De que se trata simplemente de una separación conflictiva.

Y mientras el sistema intenta decidir si lo que está viviendo es realmente violencia, el tiempo pasa.

Y el tiempo, en estos casos, también puede convertirse en una forma de violencia.

Por eso la audiencia ante la CIDH es importante.

Porque llevar esta discusión al Sistema Interamericano significa decir algo que las mujeres llevamos años diciendo: el problema no es solamente la existencia de la violencia.

El problema también es qué ocurre cuando una mujer busca protección y el Estado no logra identificarla, prevenirla o detenerla.

La propia CIDH ha subrayado la importancia de contar con marcos jurídicos e institucionales sólidos, capaces de responder de manera oportuna y eficaz a las denuncias de violencia.

Pero esa eficacia no puede medirse solamente por el número de leyes aprobadas, instituciones creadas o programas anunciados.

Tiene que medirse en la vida real.

En el Ministerio Público.

En el juzgado.

En la audiencia.

En la resolución.

En las medidas de protección.

En la forma en que se escucha a una madre.

En la manera en que se protege a una niña o a un niño.

En lo que ocurre cuando una mujer dice: “mis hijos están siendo utilizados para seguir violentándome”.

Ahí es donde sabremos si el Estado realmente entendió la violencia vicaria.

Porque una cosa es que el Estado pueda decir ante la CIDH que existen mecanismos de atención.

Y otra muy diferente es que una mujer, sentada frente al escritorio de una fiscalía o en una sala de audiencias, encuentre a una persona que realmente comprenda lo que está viviendo.

Las mujeres que hemos atravesado violencia vicaria sabemos que esa diferencia no es teórica.

Es la diferencia entre ser escuchada y ser desacreditada.

Entre ser protegida y quedar expuesta.

Entre que una institución intervenga a tiempo o que el daño continúe durante años.

Por eso, después de esta audiencia, no deberíamos quedarnos únicamente con la fotografía de que México habló ante la CIDH sobre violencia vicaria.

La pregunta ahora es qué va a pasar después.

Porque las mujeres no necesitamos solamente que el Estado reconozca nuestra existencia en los discursos.

Necesitamos que ese reconocimiento llegue hasta el último escritorio donde una mujer presenta una denuncia.

Hasta el último juzgado donde se decide sobre sus hijos.

Hasta la última resolución que puede cambiar la vida de una familia.

Necesitamos que quienes imparten justicia conozcan la violencia vicaria no como una palabra nueva en una ley, sino como una forma específica de violencia de género.

Necesitamos capacitación real, especializada y permanente.

Necesitamos perspectiva de género y de infancia.

Necesitamos investigación seria.

Necesitamos que se deje de confundir violencia con conflicto.

Y necesitamos, sobre todo, que ninguna madre tenga que convertirse en experta en derecho, psicología, derechos humanos y violencia de género para conseguir que alguien finalmente entienda lo que está viviendo.

La audiencia ante la CIDH abrió una puerta.

Ahora falta cruzarla.

Porque mientras en los espacios internacionales hablamos de violencia vicaria, en México hay mujeres que siguen entrando todos los días a Ministerios Públicos y juzgados intentando explicar algo que todavía demasiadas personas servidoras públicas no saben reconocer.

Y mientras eso siga ocurriendo, tendremos leyes.

Tendremos instituciones.

Tendremos discursos.

Pero seguiremos teniendo mujeres esperando justicia.